Seguirán trabajando en tierras del asentamiento

Los miembros de La Asociación Mixta de Higueños Unidos podrán dormir tranquilos, pues una auditoría realizada por el Ministerio de Desar...
  • viernes 30 de septiembre de 2011 - 12:00 AM

Los miembros de La Asociación Mixta de Higueños Unidos podrán dormir tranquilos, pues una auditoría realizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reveló que las tierras que trabajan fueron vendidas ilegalmente.

La auditoría reflejó que la venta de 47 hectáreas de tierras del asentamiento de Los Higos, que se hizo en el año 2009, supuestamente para cancelar una deuda con el Banco de Desarrollo Agropecuario, que ascendía aproximadamente a 70 mil dólares, ya había sido pagada en el 2007.

Esta auditoría se realizó luego de que La Asociación Mixta de Higueños Unidos, encabezada por su presidente Vladimir Riquelme, presentara una denuncia sobre la venta y alquiler de tierras pertenecientes al asentamiento a terratenientes.

La semana pasada, los miembros de la asociación realizaron un cierre de calle como medida de presión para que las 65 hectáreas de tierra que son utilizadas por la comunidad no sean alquiladas ni vendidas, y para evitar que los saquen de los terrenos que han trabajado por años.

En esas tierras, los asociados han sembrado yuca, maíz y arroz, entre otros productos, que son utilizados exclusivamente para subsistencia de 72 familias.

REUNIÓN

En una reunión entre los miembros del asentamiento y el titular del Mida, Emilio Kieswetter, se acordó que esperarán las investigaciones, luego de que ya se haya presentado una auditoría donde se refleja el manejo ilegal de las tierras del asentamiento.

El ministro indicó que la auditoría demostró la venta ilegal de las tierras, pero que se debe hacer una investigación extensa y que se buscará una pronta respuesta para las personas que trabajan la tierra.

El presidente de la asociación señaló que en el pueblo viven unas 400 personas, las cuales deben ser beneficiadas por el asentamiento, pero un grupo diminuto no lo permite.

El gobernador de la provincia de Herrera, Nilo Murillo, se comprometió a brindar los recursos disponibles para que no sean desalojados de las tierras que ya trabajaron, hasta que terminen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.