Funcionario quería cobrar por sus servicios

J aneth Torres acudió a la Acodeco en busca de que la ayudaran a recuperar los 15 mil dólares que pagó a la empresa Convive, en concepto de abono para la compra de una casa en Tocumen.

A ella la atendió el funcionario de Acodeco, Ramsés Álvarez, quien es abogado del Departamento de Defensoría de Oficio. Álvarez la trató de convencer para que contratara sus servicios jurídicos privados para resolverle su problema con la promotora.

El funcionario reconoció a El Siglo que sí le ofreció sus servicios privados a Torres y defendió su derecho, como abogado, a buscar clientes fuera de sus horas laborables.

‘Independientemente si trabajo o no en la Acodeco, yo no tengo ningún impedimento legal de ejercer la profesión en Panamá porque soy idóneo’, indicó. Según el abogado de la entidad, ‘la ley no me lo impide porque no soy funcionario con mando y jurisdicción, simplemente soy un abogado más del Departamento de Defensoría’.

Álvarez dijo que en esta entidad ‘hay un gran volumen’ de denuncias y los consumidores deben tener paciencia para que sus casos se resuelvan. Algunos deciden tener abogados particulares para agilizar sus casos.

Abraham Bárcenas, director encargado de la Acodeco, dijo que este caso debe investigarse y si se comprueba, podrían hasta destituirlo. Para esto, invita a la denunciante a que lleve las pruebas ante su oficina, en la entidad.