- martes 12 de mayo de 2026 - 12:00 AM
Los progresos en materia de conocimiento científico son producto del desarrollo humano y deben ser de patrimonio colectivo. La Inteligencia Artificial (IA) debe estar al servicio de la humanidad. No se trata de sustituir a los individuos, sino de potenciar su capacidad, eliminando tareas repetitivas y aumentando su eficiencia. Tampoco de introducir narrativas a través de la IA generativa que moldeen opiniones o desinformen masivamente.
Sin embargo, el acceso a la tecnología -incluyendo la IA- es desigual entre naciones e individuos, profundizando las brechas económicas y sociales ya existentes.
Se preve que el uso de la IA sea más costoso en los próximos años y que a partir del 2027 terminen los subsidios actuales que nos permiten accesar a herramientas básicas gratuitamente y que lo que buscaban era promoverse y conquistar el mercado. De esta manera, se considera que la computación requerida para la IA supera el salario de los trabajadores que la utilizan.
La IA implica altos costos operativos: requiere gran cantidad de energía, agua para refrigeración y hardware especializado. Los sistemas de IA habrían consumido aproximadamente 765.000 millones de litros de agua en 2025, una cantidad superior al consumo mundial total de agua embotellada en ese mismo año (Estudio de Alex de Vries-Gao, revista Patterns, 2025). Realizar entre 10 y 50 preguntas a ChatGPT consume una cantidad de agua equivalente a una botella de 500 ml. En pocos años, es probable que los grandes sistemas de IA consuman tanta energía como países enteros.
Ni hablar del desempleo que causa, que según el FMI puede hacer desaparecer hasta el 40 % de los empleos en el mundo. Así como la adicción a la tecnología -uso de teléfono celular, por ejemplo- que provoca deterioro cognitivo, generando ansiedad y reduciendo la capacidad de atención, memoria y control de impulsos.
Urge regular la IA a nivel mundial y en nuestro país, de cara a que se respeten los derechos humanos; que no signifique desplazamento de mano de obra humana; se preserven recursos monetarios de los Estados para su uso social y pacífico y para preservar la socialización del conocimiento; se establezan restricciones a la utilización del celular en el sistema educativo para mejorar la concentración y rendimiento de los alumnos; y se fortalezca la ciudadanía digital en el sentido de usar la tecnología de forma crítica, ética y reflexiva, tal como recomienda UNESCO.
