Violencia descarnada

Durante el fin de semana navideño, los mozalbetes nos regalaron nada menos que 10 asesinatos o muertes violentas provocadas por bandas que la Policía sabe cuáles son, dónde operan, quiénes son sus cabecillas e integrantes y no hacen nada por detener y poner a buen reguardo de la sociedad, que ya muestra signos de cansancio producto de la ineptitud de la Policía Nacional.

Lo peor es que la misma Policía dice que ellos saben quiénes son y desde dónde operan, y no son capaces de poner el orden que por constitución y ley están obligados a poner; si en mi país existiera autoridad que se impusiera, tanto el director de la Policía como sus más altos dignatarios estarían presos por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

La tasa de homicidios en Panamá crece exponencialmente y como el crecimiento poblacional no aumenta significativamente cada vez es peor, ¿hasta dónde piensan dejarnos llegar? Lo peor es que muchos de esos homicidios son de ciudadanos inocentes mujeres y niños que por desgracia se encontraban en el lugar y la hora equivocada y se chocan de frente con la muerte.

Es una pena que a quienes les corresponde poner orden no lo hagan. No se puede desconocer que la mayoría de esas personas que buscan asesinar (no necesariamente quienes son los muertos) están ligados a problemas del narcotráfico y al mal vivir, se mata por venganza, odio, rencores, etc. Pero se supone que para eso están las autoridades, a quienes les corresponde poner orden y no me vengan con el cuento de que necesariamente es la ley la que los pone en las calles, porque también hay muchos casos en los que quien falla es la Fiscalía por no acompañar las pruebas debidas, expedientes mal concebidos y cuántas otras fallas más responsabilidad de quienes tienen que iniciar los procesos.

Claro, lo que pasa es que la justicia está en manos de la política; no se nombran fiscales, jueces y magistrados capaces e idóneos, sino a los amigos, familiares y cuñados, aunque no sepan absolutamente nada de la materia que les corresponda tratar, de tal suerte que lo que se busca no es la aplicación de la justicia, sino el beneficio de parentela, con lo cual el precio que estamos pagando por semejante irresponsabilidad es demasiado alto.

Basta ya de tanto salvajismo. La Policía, a detener a los asesinos y malhechores; y los fiscales, jueces y magistrados, a condenarlos como debe ser, la otra cosa es hacerse cómplice.

EL AUTOR ES SECRETARIO GENERAL DE LA CGTP