En los noticieros, redes sociales y en las conversaciones cotidianas, ha sido noticia lo ocurrido en Paraguay. País en que ha salido a la luz un rejuego de intereses, entre políticos y banqueros, para hacerse de los bienes de los jubilados en aquel país de Suramérica, donde nadie salió a negar la información difundida. Ningún diputado, ni siquiera del partido de gobierno, respaldó el intento del presidente enjuiciado de renunciar para acogerse a la inmunidad de senador vitalicio y eludir así la acción de la justicia. A esa actitud se le llama vergüenza ante el propio pueblo. Lo que faltó a muchos de nuestros diputados, de gobierno y de oposición, cuando se aprobó con premura una ley que trasladaba mayores recursos a la banca privada sin certeza de mecanismos de protección suficientes, según advirtieron economistas y gremios que se manifestaron en las calles. Al respecto cabe preguntarse si las fianzas de manejo exigidas a quienes administran fondos públicos cumplen realmente su propósito de proteger esos recursos.
A pesar de la buena fe de los panameños, lo ocurrido en Paraguay nos obliga a aprender de la experiencia ajena y que, así como allá, quienes aprobaron leyes y actuaron de manera contraria al interés de la ciudadanía, deben rendir cuentas.
Nuestro voto debe ser para quienes escuchan a su pueblo y defienden sus legítimos derechos. Solo un pueblo consciente y unido puede velar por su propio bienestar.
