- martes 24 de octubre de 2023 - 12:00 AM
Son urgentes los cambios constitucionales
El contexto en medio del cual se han dado las últimas reacciones que ha provocado el proceso de negociación y de aprobación legislativa del “nuevo” contrato minero, pone muchas cosas en evidencia. La explotación de la actividad minera en Panamá, no se produce con esa ley, sino por el contrario, son muchos los años que lleva la mina extrayendo mineral a todo vapor.
En lo formal, las actuaciones de los componentes estatales involucrados se han mantenido dentro del margen de las facultades que a ellos otorga la Constitución. Pero, es en lo sustancial, o sea en la participación activa de la ciudadanía en esa importante decisión, la fuente de la mayor parte de las discrepancias.
No pasamos por alto que la cercanía a las elecciones generales del 2024 radicaliza a “los politiqueros”, quienes con ese propósito en mente encuentran condiciones propicias para exaltar el malestar ciudadano. Y como en términos de votos les resulta rentable radicalizar su oposición al nuevo contrato, todos están “pintados de guerra”.
Por otro lado, creemos que aunque el nuevo contrato contemplara todas los ajustes y modificaciones que los manifestantes hubieran propuesto, su rechazo era predecible. La desconexión existente entre la ciudadanía y los HD que dicen representarnos, es la causa mayor del descontento social. No me refiero non esto a la imagen negativa que la AN exhibe ante sus “representados”. La aprobación de leyes que involucran intereses vitales nacionales, debería ser potestad exclusiva del Soberano, a través de referéndum o plebiscitos.
De acuerdo a las normas de La Constitución actual, el voto de un HD aprobando o desaprobando un proyecto de ley, no requiere de la consultas a sus electores, sin importar que se trate de crear el “Día Nacional del Mango Hilacha”, o de establecer bases militares en el territorio nacional. Si la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones nacionales es formal, la democracia terminaría siendo una caricatura.
El país tendrá que ajustarse a los tiempos de cambios, y tomar decisiones de impacto ecológico, económico, social, de alto impacto nacional, las que el Soberano por si mismo, le tocará aceptar o rechazar.