Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Agrega El Siglo en Google ↗️Ya la propuesta de “la Constituyente Originaria” fue ensayada como mecanismo para reemplazar la base institucional del gobierno militar. Sólo bastó un acuerdo entre Arnulfo y Paredes, y el país aprobó reformar la Constitución, cerrando este ciclo con las elecciones generales de 1984.
La gente asfixiada por los problemas la percibe la crisis política, en la incapacidad gubernamental para resolver los problemas sociales. Esto es más profundo, pues estamos ante el desgaste del modelo constitucional vigente, y la anulación de los canales de participación ciudadana, en el control de la administración pública.
Lo primero que debemos tener presente es que la Constitución enlista los principios y valores que definen las reglas del poder, y regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, a través de sus respectivos organismos.
Aunque la Constituyente le asignara al Estado el compromiso de resolver los problemas sociales, “el poder” se asegurará de contar con los mecanismos formales y/o informales, con los que convertiría “en letra muerta”, aquel retórico mandato. Sólo pensemos en las “promesas de campañas”, las que a cambio del voto ofrecen bienestar y un gobierno eficiente.
Con el temor al presidio reinante en los círculos de poder, y el “artificioso fraccionamiento partidista” sembrado entre las mayorías populares, no hay forma de que surjan liderazgos de peso. Entonces, ¿cuál sería el poder que convocaría al país político, a un proceso Constituyente originario?
Ese poder no puede emanar de acuerdos sectoriales gestados en la Asamblea; ni en los “cascarones” de los partidos, y muchos menos en las cúpulas burocráticas. En medio de este “desmadre”, no es posible alcanzar cambios constitucionales capaces de reestablecer el funcionamiento del Estado, en una posición de equilibrio entre el interés privado y el interés social.
Finalmente, respetuosamente le recomendamos al Ejecutivo que no le preste atención al proyecto de la Constituyente, y en su lugar emplee el oxígeno disponible para en concluir su período. Suenan “altilocuentes” los argumentos para convocar un proceso constituyente desde el Ejecutivo. Pero, a fin de cuentas es aventurero “arrejuntar” este con otros temas sensitivos, pues sería fácil pronosticar el aumento de la incertidumbre en el país.