Paz social en manos de la Corte

La paz social de Panamá está en manos de la Corte Suprema de Justicia, a quien el país le ha delegado una monumental responsabilidad. La de decidir cuál será la suerte que correrá la ley 406 que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá.

Los tiempos procesales obligan al país a una espera angustiosa y a la vez, a una inevitable incertidumbre por lo que dirá la Corte. Es un grito audible que se escucha en todos los rincones de la geografía nacional exigiendo celeridad a este órgano del Estado.

Ahora, esa celeridad que demanda la población se espera venga acompañada de una decisión que sea cual bálsamo sobre la herida. Un fallo en contrario sería una cáustica sustancia que agravaría la situación y nos llevaría a una hecatombe social que nadie quiere, pero que todos temen.

Lo cierto es que, en los últimos años, la Corte Suprema ha sido objeto de críticas por su parcialidad política y su falta de transparencia. Pero el destino le ha dado la oportunidad de oro para levantar su imagen y demostrar que no hay lugar para dilaciones, condicionamientos ni exabruptos jurídicos, máxime cuando se trata de los intereses del país.

A los magistrados les toca ponerse la capa de super héroes y darle tranquilidad, confianza y credibilidad a quienes, en ellos, han depositado el presente y futuro del bien más preciado después de la vida, el de la nación.

ABOBADO Y PERIODISTA