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Agrega El Siglo en Google ↗️En la columna del pasado sábado, al comentar el apagón que afectó a amplísimos sectores del país y tuvo repercusiones hasta México, y del que aún está pendiente que se rindan explicaciones creíbles y, sobre todo, que se aclare si, como ha afirmado el Centro de Despacho de la Empresa de Trasmisión Eléctrica (ETESA), el daño se originó en la planta que sirve a la mina de cobre, y quienes rendirán cuentas, cerraba mis comentarios haciéndome eco de la abrumadoramente mayoritaria demanda de la ciudadanía para que el gobierno, de una vez por todas y con absoluta claridad le diga al país que ha decidido hacer con la mina de cobre.
Llamativo, por decir lo menos, es que, en el canal internacional de Bloomberg, reputada fuente de información económica y análisis financieros, desde el pasado jueves, aparezca un cintillo que dice textualmente: “Panamá avanza hacia una decisión sobre la mina de First Quantum” y, también, que en ese mismo día, aparezcan declaraciones del presidente, diciendo que ha encomendado a tres de sus ministros, la responsabilidad de “integrar una comisión técnica que tendrá la responsabilidad de hacer las recomendaciones sobre el futuro de la mina.”
Que la mina ha seguido operando es un hecho que, después del percance del apagón y de toda la campaña, para nada oculta, que la empresa Minera Panamá (First Quantum) sigue haciendo directamente y “con intermediarios interesados”, es tan evidente que, seguir negándolo es un insulto a la inteligencia colectiva.
Si el contrato ley que aprobó la concesión minera fue declarado inconstitucional y ese fallo quedó ejecutoriado, hace más de 30 meses, ¿Cómo legalmente se puede justificar que la mina siga operando bajo pretextos tan inconsistentes como violatorios de esa decisión judicial que, por haber sido dictada por la Corte Suprema es final y obligatoria y debe ser acatada por las autoridades que tienen el deber primario de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley?
Si el presidente cree que la explotación de la mina le conviene al país, la peor vía para vender su argumento es haber encomendado a tres de sus ministros para que le hagan las “recomendaciones finales” que, como es previsible, lo secundarán incondicionalmente. Eso solo servirá para incrementar la sospecha y la desconfianza de las que, por cierto, el gobierno ya llenó su cuota. O se convence al pueblo con argumentos producto de otra fuente absolutamente imparcial e independiente, no subordinada al Ejecutivo, o la reacción popular que las repudiará, también está decantada y garantizada.