El Ministerio de Ambiente -el 19 de junio pasado- publicó el Informe final de la auditoría al proyecto Mina de Cobre Panamá, realizado por la empresa suiza Sociedad General de Inspección. Tomó 6 meses y costó 539,791 balboas; y destacó que First Quantum Minerals, a través de su filial panameña, había realizado un alto cumplimiento de los 370 compromisos contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, un 87.7% de cumplimiento.
Seguidamente el Ejecutivo procedió a nombrar una Comisión Ministerial de Alto nivel integrada por los Ministros de Economía y Finanzas, de Comercio e Industrias y de Ambiente, para que hiciesen recomendaciones al Presidente, antes de que finalizase el 2026. Sin embargo, la misma no ha hecho gala de imparcialidad, sino que ha enfatizado en las pérdidas económicas que supuestamente ha generado el cierre de la mina, en el mismo sentido en que el presidente viene expresando su propósito de aperturar la mina, ya sea a través de la creación de una entidad estatal que pudiera asociarse a capital privado o de un modelo de arrendamiento del yacimiento, para no repetir el esquema del contrato ley que fue declarado inconstituciuonal en dos ocasiones (por el interés de evadir la licitación y contratar directamente a FQM).
El gobierno ha flexiblizado restricciones a la empresa adoptadas a raíz del fallo de inconstitucionalidad de la Corte, del 2023, como, por ejemplo, la ha autorizado a exportar concentrado de cobre almacenado, le ha permitido el reinicio de la planta termoeléctrica y la realización de auditoría ambiental independiente. Mientras que la empresa suspendió el arbitraje internacional por $20,000 millones contra el Estado panameño. Por el momento, el gobierno ha autorizado (desde abril de 2026) procesar más de 38 millones de toneladas de material rocoso acumulado en el Tajo Botija, en tanto puede generar drenaje ácido y contaminar suelo y agua.
La encuesta de La Estrella de Panamá (julio 2026) arrojó que casi el 68% rechaza su apertura.
A diferencia del Informe de Auditoría, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indicó que más del 40% de los compromisos que fueron evaluados en la Auditoría no cuenta con evidencia suficiente.
