La seguridad ciudadana y el ‘Pele police’

La seguridad ciudadana, según diversas encuestas, es la principal preocupación del panameño, luego sigue el costo de la vida, la corrupción y el desempleo.

El incremento de la delincuencia ha cambiado el estilo de vida del panameño: nuestras casas lucen verjas de hierro, los jóvenes y niños están expuestos a la muerte, ante una equivocación en un ajuste de cuentas o al quedar en medio de una balacera.

Nuestra incapacidad como Estado para ofrecer a niños y jóvenes, programas de prevención, agudizado por el alto nivel de deserción estudiantil -hay 75 mil por año- del sistema educativo, agravan más la situación porque ellos se convierten en ‘caldo de cultivo para los delincuentes’.

En los últimos años, a pesar de ingentes esfuerzos, el crimen organizado, la violencia, las drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas se han apoderado del país.

La presión de las autoridades en Colombia, Guatemala, México y nuestra política migratoria ha convertido a Panamá en centro de encuentro de personas vinculadas a estas actividades ilícitas. Esto afecta la tranquilidad, la democracia y, especialmente, la seguridad del país.

En febrero de 2010, la Policía implementó el uso del ‘Pele police’, como un mecanismo efectivo para prevenir y combatir la delincuencia, a sabiendas de que este no había sido regulado ni por decreto ni por ley.

El ‘Pele police’ ha sido aplicado especialmente en los sectores populares del país. Observamos largas filas de personas detenidas cuando van a trabajar o cuando regresan, algunas hasta 2 veces al día.

Orgullosas las autoridades dicen que en el 2011 han verificado a 1 millón 435 mil personas, a pesar de que la data o información del ‘Pele police’ no está actualizada. Es así que la Policía detiene a ciudadanos por boletas de tránsito y pensiones alimenticias que muchas veces ya han sido saldadas, sin contener la facultad legal para ello.

Apoyamos el fallo del juez séptimo, Felipe Fuentes, que expresa la ilegalidad del uso del ‘Pele police’, porque coloca en la opinión pública el debate sobre las arbitrariedades que ha causado. Denunciamos la presión que sufre el juez para que se retracte de su decisión.

Le recordamos al ministro de Seguridad y al jefe de la Policía, que los funcionarios deben apegarse y respetar la ley. De no hacerlo, violan las garantías constitucionales, que advierten que nadie puede ser privado de su libertad; solo cuando exista un mandato escrito por autoridad competente.

LA AUTORA FUE CANDIDATA PRESIDENCIAL