- sábado 12 de octubre de 2024 - 12:00 AM
Quienes me benefician con la lectura de mis escritos recordarán que no en una sino en varias ocasiones he comentado el circo, repetido cada año, en que se había convertido el proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado, pero que, según ha asegurado el ministro del ramo, se purificará para que sea un ejemplo de responsabilidad fiscal.
Hace un par de semanas, cuando desde las esferas oficiales se daba cuenta de cómo se avanzaba en la preparación del proyecto del Presupuesto, aparte de señalar que ya existía mora en su presentación, recordé que el error primario que se había cometido en el pasado era no haberse ceñido, estrictamente, a lo que dispone el artículo 269, de la Constitución, del siguiente texto:
“Artículo 269.- El Órgano Ejecutivo celebrará consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional participará en dichas consultas.”
El propósito de esa clara disposición, oportuna y sabiamente introducida por el Acto Constitucional de 1983, era: 1) Impedir que los ministros, los directores de las entidades descentralizadas o cualquier otro funcionario, fueran a la Comisión de Presupuesto (como de hecho era lo usual) a reclamar y negociar las asignaciones que, supuestamente, se “les habían recortado de sus aspiraciones” presentadas al MEF y 2) Que fuera expedita la tramitación en la Comisión del proyecto del Presupuesto, por cuanto esta no “se estaría desayunando con sus contenidos”, cuando fuera formalmente sometido a su consideración.
Pero si después de que “con bombos y platillos” el ministro del ramo, por instrucciones precisas del Consejo de Gabinete y en su representación, presentara a la Asamblea el proyecto del Presupuesto, ponderándolo como un ejemplo de seriedad y responsabilidad fiscal, pocas horas después, ante las críticas de diputados del propio partido del gobierno, ha solicitado “y le fue concedido el permiso para retirarlo”, es claro que se están pagando las consecuencias de haber vuelto a ignorar la norma constitucional. Y, además, también es procedente preguntar al regente del MEF: ¿Ese hecho, anómalo por sus consecuencias, es presagio de que se repetirán los sainetes presupuestarios del pasado, cuándo la Comisión de Presupuesto le doblaba el brazo al Órgano Ejecutivo?
