Las riquezas del subsuelo son del pueblo

La Constitución es clara cuando dispone que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado, es decir, al pueblo panameño, y que pueden ser concesionadas a la empresa privada para su explotación, a través de Ley.

En efecto, a través de la Ley 9/97 se hizo la concesión para explotar la mina de Donoso, a Petaquilla Minerals, luego Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.  No obstante, esta Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 21/12/17, por considerar que no había existido de por medio licitación pública.  Extrañamente el fallo fue publicado en Gaceta Oficial hasta noviembre de 2021, favoreciendo a la empresa que continuó con sus operaciones al margen de la Ley.

El contrato de 1997 establecía regalías apenas del 2%, con exoneración de impuesto sobre la renta.  En otros países, las regalías son del orden del 40 al 60%.

En enero de 2022, el gobierno anunció un acuerdo con la empresa de un pago mínimo de B/ 375 millones en concepto de regalías que irían entre el 12 al 16% sobre las ganancias, el 25% del impuesto sobre la renta y otros tributos.  Solo faltaba concretarlo y firmarlo.  Sin embargo, casi finalizó el año y esto no fue posible, de tal forma que el gobierno emitió la Resolución de Gabinete No 144 del 15 de diciembre, anunciando el cierre de operaciones comerciales, para lo cual el MICI ordena un plan de preservación y gestión segura a Minera Panamá (cuyo plazo está próximo a cumplirse), Miambiente debe fiscalizar este Plan y Mitradel debe asegurar el cumplimiento de las normas laborales en la relación con sus más de 5,000 trabajadores.  En respuesta, la empresa ha hecho gestiones para iniciar 2 procesos arbitrales contra el país.  Actualmente las partes se encuentran en conversaciones.

Lo cierto es que, luego del fallo de la Corte, legalmente lo que procedía era llamar a una licitación internacional donde Minera Panamá participara.   Por otro lado, si las riquezas del subsuelo son del pueblo panameño es éste el que debe decidir a través de una consulta ciudadana, si quiere permitir que prosiga la minería a cielo abierto, que tan irreversibles daños causa al ambiente (tal como se dispuso constitucionalmente con nuestro máximo recurso natural, la posición geográfica, vía la construcción o ampliación del Canal de Panamá).

Abogada y docente universitaria