Por: Marcos Rubides
En 2025 el río La Villa quedó reducido a desechos tóxicos de la desidia humana. Las aguas que un día dieron de beber e irrigaron cultivos hoy arrastran heces porcinas, agroquímicos y metales pesados. Y aunque las autoridades han levantado la voz y los medios han documentado la tragedia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Cómo fue esto posible?
No se trata de un accidente fortuito ni de un descuido momentáneo. La contaminación del río La Villa es la consecuencia directa de un modelo de producción que prioriza la ganancia rápida sobre el cuidado del medio ambiente. Durante años, fincas porcícolas y agrícolas vertieron desechos sin tratamiento adecuado, confiando en que la falta de fiscalización les garantiza impunidad. El resultado fue una bomba de tiempo que estalló en mayo de 2025, cuando las plantas potabilizadoras de Herrera y Los Santos redujeron su capacidad y la población quedó frente al riesgo de no tener agua segura para beber.
Lo que ocurrió en el río La Villa no es un problema aislado; es el reflejo de décadas de abandono institucional, de políticas ambientales que existen en papel, pero rara vez se cumplen en el terreno.
Frente a la crisis, las autoridades reaccionaron con inspecciones, cierres y multas. Se habló de procesos penales, se prometió monitoreo constante y hasta se lanzó el ambicioso plan “Azuero Verde”. Son pasos importantes, sí, pero llegan tarde para quienes ya vieron a sus hijos enfermar por beber agua contaminada, o para los campesinos que dependen de un caudal envenenado. La justicia ambiental no puede limitarse a castigar a unos pocos.
La contaminación del río La Villa nos deja una lección dolorosa: la naturaleza tiene límites, y cuando los cruzamos, las consecuencias se pagan en la mesa y en el cuerpo.
