Responsabilidad ante el tema minero

No tengo dudas que el Contrato Minero, va a ser retirado de la Asamblea y así bajar el nivel de confrontación de la sociedad, precisamente en pleno arranque del proceso electoral. Esto es así, porque seguir con la tozudez de la aprobación del mismo, solo perjudica electoralmente al actual Gobierno, como a la Alianza PRD-Gallos y a los pocos aliados. Los análisis de firmas de medición del observatorio nacional sobre temas de influencia y acondicionamiento de la voluntad popular para el 2024, son determinantes en la necesidad del retiro del proyecto y eso lo sabe el Gobierno.

No obstante, el tema género en el país una serie de planteamientos que van desde los más extremos, pasando por los más sensatos hasta poses taquilleras. Ante esta gama de posiciones, la población se encuentra atomizada, pero no debidamente orientada sobre los efectos reales de que no haya actividad minera y que la mina se retire del país. Los de las tesis extremistas que plantean que no se apruebe el Contrato, ni siquiera se han tomado el trabajo de plantear con la misma fuerza argumentativa, que se va a hacer al día siguiente. Para ellos, la lucha minera, termina con la no aprobación del contrato. Así enarbolarán la “victoria” ante un gobierno corrupto y la oligarquía que intentaba entregarle el país y la soberanía al Consorcio Minero.

Esta gente, ninguno de ellos, genera un empleo ni siquiera de medio tiempo, nunca han pagado una planilla y ni mucho menos han llevado un plato de comida a personas necesitadas por no tener para comer en “el día”. Menos, son sensibles ante el dolor y la grave crisis económica y social que vive el país. Para ellos, la lucha minera, es una oportunidad de pasarle factura al Gobierno, que no es el mío, es la oportunidad para sacarle provecho político para sus intereses, es el momento para salir del ostracismo y el olvido y es el momento, para afectar propuestas electorales, por alguna vinculación profesional con el negocio minero.

Para mí, el Contrato, pisa la línea de la Constitucionalidad, de la legalidad, afecta la fortaleza e institucionalidad del Estado y debilita los ingresos a recibir por las concesiones otorgadas. Por ello, la solución, no es LA NO APROBACIÓN, sino, el RETIRO para la corrección de los temas que han quedado en evidencia que nunca debieron estar en el convenio. En este escenario, no hay afectación de la actividad, no hay arbitraje y no se colapsa socialmente al país. Una tasa de desempleo de 8,5% para final de año, aumentaría a un 11,5% y eso, es muy preocupante.