La situación de las cárceles femeninas es dramática y deshumanizada en Panamá. No solo porque las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar problemas como el de las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas. En Panamá, según apuntan estudios previos, las mujeres privadas de libertad han quedado invisibilizadas en la población total de personas recluidas en los centros penitenciarios. Es precisamente el hecho de ser “pocas”, menos de un 7% del total de población privada de libertad son mujeres, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico de drogas, lo que ha justificado la escasa atención que se les ha brindado hasta ahora.
En Panamá, encontramos un sistema penitenciario centrado en los varones, con una legislación que adolece de la mirada transversal de género y unos centros penitenciarios femeninos en malas condiciones, que no han sido concebidos para atender las necesidades específicas de las mujeres recluidas.
Con base en ello las mujeres demandan, entre otras cosas; que en los centros penitenciarios les provean de artículos de higiene femenina, especial atención a su salud sexual y reproductiva, disposición de espacios y oportunidades para mantener el vínculo materno, atención específica para quienes han sido víctimas de violencia de género y sexual, y programas de rehabilitación y reinserción social.
Debemos superar el sexismo, y escuchar de todas ellas sus demandas que claman equidad de género en el encierro.
