La primera sesión de la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea, dedicada a recibir las opiniones y/o las propuestas de todas las organizaciones y ciudadanos que nos inscribimos para participar en el primer debate del proyecto de ley 163, con el que se pretende reformar la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social, si algo dejó en claro es que son muy inciertas las probabilidades de que el primer debate, que debe evacuar la comisión, tenga fecha cierta de terminación y, menos resultados positivos.
La razón es obvia. Según las fuentes de la Asamblea, para participar en la primera etapa de las consultas públicas se han inscrito más de 350 organizaciones y ciudadanos, a título personal y a esta primera etapa la seguirá una segunda ronda de consultas que se cumplirá con las giras que cubrirán toda la geografía nacional.
Por lo que se pudo apreciar durante el primer día de esa primera etapa de las consultas, salvo de parte del representante de la Universidad de Panamá, hubo pocas propuestas concretas, positivas. El énfasis de los intervinientes estuvo en las críticas generales, y algunos hasta en el rechazo de la totalidad del proyecto, sin que faltaran las demandas de que sea retirado.
Como he señalado en varios escritos anteriores, en buena parte, la responsabilidad de que sobre el horizonte se ciernan nubarrones de incertidumbre y de desasosiego, la tiene el Órgano Ejecutivo, por no haber, como pudo haberlo hecho, aportado un prólogo de tranquilidad, garantizando, antes de presentar el proyecto, el pago ininterrumpido de las pensiones.
Como he sugerido antes y vuelvo a hacerlo, el aporte del Estado que ahora se ha prometido, debió incluirse mediante una modificación al Presupuesto en ejecución o en el proyectado para el 2025. Esa simple previsión, que todavía puede hacerse, sin lugar a dudas, evitaría en gran medida el panorama, que tenderá a tensarse durante el camino que todavía queda por recorrer y, ayudaría a que finalmente se alcance el resultado satisfactorio al que aspiramos y necesita el país.