La prevaricación y los prevaricadores

La ley, una vez promulgada, se presume conocida y su ignorancia no sirve de excusa. Esa máxima es recogida por todas las legislaciones del mundo, la nuestra incluida.

Por tanto, hasta un iletrado puede ser castigado por una ley que, por su condición, no puede conocer.

En una sociedad que pretende ser civilizada, como la nuestra, existe, aunque sea de nombre, un Estado de Derecho, que significa que los órganos de Estado —Legislativo, Ejecutivo y Judicial— cumplen las funciones que les corresponden.

Por tanto, corresponde a los jueces y magistrados que integran el Órgano Judicial interpretar y aplicar la ley. A ellos se les confía garantizar, por el supuesto conocimiento que tienen de ella, que la justicia que imparten se ajuste a su letra y a su espíritu.

Los jueces y magistrados, por ser los administradores de la justicia, tienen como primer y esencial deber dictar sus fallos respetando estrictamente el contenido de las leyes, comenzando por la ley suprema, la Constitución. Y si a un iletrado no se le permite que invoque ignorancia de la ley, a los jueces y magistrados les es inexcusable aplicarla mal o, lo que es peor, usarla de manera torcida.

Las conductas de los jueces y magistrados, expresadas a través de sus pronunciamientos, a sabiendas de que sus fallos violentan la ley, configuran una figura delictiva especial, solamente aplicable a quienes tienen confiada la tarea de decidir, que se denomina ‘prevaricación’ y que la Real Academia Española define así: Delito que se comete al dictar, a sabiendas, una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario.

El delito de prevaricación es la falta más grave que puede cometer un juez o magistrado. Y lo es porque ellos son quienes tienen la misión y la responsabilidad suprema de que impere la justicia, pieza fundamental del Estado de Derecho.

Recientemente, un juez español, conocido mundialmente, Baltazar Garzón, fue enjuiciado y convicto por haber cometido prevaricación y sentenciado a la separación de su cargo por 11 años. En Panamá, la prevaricación existe, pero a diferencia de España, acá no pasa nada. El sonado caso de una reciente decisión de una de las salas de la Corte Suprema es, lastimosamente, un ejemplo de ello.

*PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE