¿Las playas son públicas?

Una noticia del pasado lunes 4 de enero informaba que la playa de La Ermita de San Carlos es, quizá, la única a la que puede accederse sin tener que pagar un peaje.

Además, la misma nota destacaba que el acceso a casi todas las playas al oeste del Canal de Panamá que se extienden hasta Juan Hombrón es de todo, menos libre.

Si esa información es literalmente cierta, como parece que lo es, no hay duda de que lo dispuesto por la Constitución le vale muy poco a los controladores de las playas.

La norma específica es el numeral 1 del artículo 258, del siguiente tenor: ‘Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada: 1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley'.

Como lo dispone la parte final del texto citado, la ley puede reglamentar ese uso libre y común; pero esa reglamentación no pueden hacerla los municipios y mucho menos, de hecho, los propietarios colindantes de esas áreas, muchos de los cuales se las han tomado por asalto.

No hace mucho tiempo se desató una polémica sobre la inconstitucionalidad de las autorizaciones dadas a los desarrolladores de proyectos urbanísticos para crear mediante rellenos áreas artificiales adyacentes a las costas y lucrarlas comercialmente.

Tanto en el caso del acceso libre a las playas como en el de los de los rellenos, se ha permitido la indebida afectación del patrimonio público.

Por lo tanto, es hora de que mediante una ley, debidamente aprobada, se reglamente la materia, respetando el mandato constitucional.

El Órgano Ejecutivo es el competente para promover esa ley y, para evitar que sigan los abusos, debe hacerlo, ‘con urgencia notoria'.

*Abogado