El pasado martes por motivo de la crisis financiera e histórica que durante décadas a través de la CSS provocó una enorme preocupación a la sociedad panameña, por ser la primera institución de cobertura social de salud pública, ha generado el cuestionamiento de diferentes sectores por presuntos actos que van desde corrupción, nepotismo, negligencias, desgreño administrativo, impunidad, falencia en la atención a los asegurados, falta de medicamentos, escándalos en adulteramientos de cheques, falta de alimentos a los pacientes y una profunda deuda histórica de la falta de transparencia y rendición de cuentas a la nación panameña.
Estos ingredientes aunados a la voluntad política que han sido la carencia de políticas públicas que generaron las grandes transformaciones sociales y políticas, que modernicen y humanicen por una mejor atención a los asegurados, jubilados y pensionados.
Diversos gobiernos han sido irresponsables en tomar las decisiones correctas por temor al costo político que han mantenido a esta institución en una parálisis estructural de mesa en mesa, en un diálogo estéril que mantiene en coma y en estado de urgencia en la quiebra al sistema de salud público.
El país ha sido testigo de los diversos diagnósticos de amplios sectores que han expresado sus argumentos, propuestas, controversias y diagnósticos apocalípticos, demostrando la falta de capital político en enfrentar con carácter y urgencia notoria, ante el peligro inminente que en los próximos 5 años no haya recursos financieros para cubrir las jubilaciones y pensiones de los panameños.
Panamá exige una verdadera rendición de cuentas del manejo de los fondos públicos, a través de una auditoría forense que escudriñe fuera de las causas, los autores y coautores que han sido los responsables de un presunto desfalco que amenaza por desaparecer la CSS de los panameños.
El Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján solicitó al Procurador de la Administración, Dr. Rigoberto González, que abra un proceso y solicite un informe forense a las autoridades de la CSS para deslindar responsabilidades de la crisis financiera y administra de la entidad.
Abogado y Voluntario de los Derechos Humanos
