Pena capital a palestinos, violatoria de derechos humanos

En un mundo donde existe una tendencia universal hacia la abolición de la pena de muerte, nos encontramos con que el parlamento israelí acaba de dar aprobación a ley que autoriza la aplicación de dicha pena (a través del ahorcamiento y en un plazo de 90 días), a palestinos considerados culpables por homicidio en actos declarados terroristas, pudiendo aplicarse no sólo en Israel sino también en territorios palestinos ocupados de Cisjordania y en el 53% de la Franja de Gaza, sin derecho a apelación ni a ser indultado.

El ministro de Defensa israelí puede decidir su juzgamiento en tribunales militares (los cuales tienen el récord de haber emitido sentencias condenatorias contra los palestinos en el 99% de los casos y donde las pruebas de culpabilidad se basan en declaraciones obtenidas a través de tortura y malos tratos), los cuales tienen potestad de condenarlos a pena capital si tienen la intencionalidad “de negar la existencia del Estado de Israel”. Es decir, que claramente la Ley se emite para perseguir palestinos; además de legalizar la ejecución de los actuales prisioneros palestinos.

La Ley viola los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la vida y prohiben la discriminación, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito por Israel); así como también las normas sobre ocupación del derecho internacional humanitario, pudiendo constituir un crimen de guerra. La misma es sumamente discriminatoria, pues no se aplicaría a los colonos israelíes que viven en los territorios ocupados, aunque hayan dado muerte a algún palestino.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido instaron, en los días previos a la aprobación de la ley, a no aprobarla, por considerar que socava los “principios democráticos”. La Liga Árabe, Turquía, Indonesia y Paquistán, así como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Human Right Watch, Amnistía Internacional, la agrupación israelí para los derechos humanos B’Tselem manifestaron, asimismo, su oposición a tal normativa. Erika Guevara Rosas, vocera de Amnistía Internacional, ha dicho que Israel aprobó esta Ley “en una exhibición pública de crueldad, discriminación y desprecio absoluto de los derechos humanos”.

Defendamos el derecho a la vida. ¡El derecho a la vida es inalienable!