Panamá clama justicia

Un tema recurrente en las campañas politicoelectorales postinvasión es la administración de justicia en nuestro país. Estamos en un periodo propicio para fortalecer la institucionalidad; la relación de justicia, democracia y economía; la protección de los derechos ciudadanos; la urgencia de un marco institucional legal que funcione de forma transparente y expedito; en momentos que está muy cuestionado el desempeño de los jueces y magistrados en sus capacidades, valores y principios morales, por sus actuaciones y fallos al administrar justicia; y las disputas públicas entre miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Las estadísticas son contundentes, el 60% de los privados de libertad no ha sido juzgado y en consecuencia no ha recibido sentencia. Muchos, están recluidos, más del tiempo que les correspondería si hubiesen sido condenados. Y qué decir de aquellos, que al momento del juicio puedan ser declarados inocentes. Otros temas pendientes relacionados a la justicia son: los menores infractores, las pandillas y el narcotráfico.

Todo este panorama afecta la aplicación del Sistema Penal Acusatorio y la justicia de paz. Nos preguntamos: ¿es falta de presupuesto o falta de voluntad política? ¿Será que tocamos fondo? ¿Es suficiente haber removido a dos magistrados de sus cargos?¿Es muy difícil agilizar los procesos penales, sin que ello limite la investigaciones?¿Por qué las detenciones preventivas para algunos, mientras otros disfrutan de libertad condicional, aunque sus responsabilidades sean evidentes?

La población ve con desdeño que existen funcionarios de alto perfil que actúan en detrimento del erario público, luego devuelven el 10% y regresan a sus casas o se les concede país por cárcel.

Ante la percepción que las cosas no funcionan bien, lo peor es que no se vislumbran intenciones serias de cambiar la situación. Se podría encontrar un mecanismo de ‘auditoría y supervisión' de las actuaciones de jueces, fiscales y magistrados, para que no se cubran con el manto de la independencia judicial, para manipular algunos procesos y así evitar la corrupción.

Mientras tanto, los muchos que no tienen voz ni rostro esperan justicia expedita mientras el país clama cambios estructurales del sistema judicial. ‘La justicia tardía no es justicia'.

Excandidata presidencial

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el 60% de los privados de libertad no ha sido juzgado y en consecuencia no ha recibido sentencia.