País quebrado

Similar a la crisis de Grecia de hace 20 años, vivimos al borde del abismo, cuando con recursos del Estado se pagan altísimos salarios a familiares de los gobernantes de turno en la plantilla de relaciones exteriores.

La Asamblea engorda planillas ante la anuencia de los entes fiscalizadores y se envían fondos a algunas juntas comunales, mientras otras no reciben nada por ser lideradas por adversarios políticos.

Las obras y construcciones que se desarrollen a consecuencias de desastres, como lo fue el terremoto pueden resultar costosísimas, con precios inflados y que pudieran generar dudas de la calidad de insumos, eficiencia y eficacia de los trabajos; haciendo necesaria una verdadera y efectiva fiscalización, no sólo por las entidades gubernamentales competentes, sino por la propia población supuestamente beneficiada. Además, la delincuencia se apodera de las calles, frente a políticas institucionales que desmotivan a las unidades policiales.

En medio de todo esto, con un desempleo galopante, con precios de alimentos volando y precios de gasolina explotando, se ataca a funcionarios comunes del Estado, que por años de servicio han alcanzado salarios más altos, sin contemplar que con su experiencia sostienen el funcionamiento del Estado, por ser la memoria institucional que, de ser exterminados del sistema de golpe, como en el caso de los médicos especialistas mayores, se daría un colapso de los servicios de salud, que promovería la privatización.

Insisto en que debe darse un programa permanente de retiros voluntarios programados, con incentivos dignos, para que se de recambio generacional sin afectar la operatividad de las instituciones.

El autor es médico