- lunes 08 de agosto de 2016 - 12:00 AM
Oidos sordos
SAsirse del Poder y valerse del mismo para manejarlo como una megaempresa criminal, tal como lo hizo Martinelli, en compañía de Varela, dejaron secuelas que siguen golpeando la economía y la moral de la población panameña.
Constitucionalmente, es al Estado a quien corresponde ejercer la acción penal: perseguir y sancionar los delitos, a través del Ministerio Público y Órgano Judicial, respectivamente. Sin embargo, estas instancias judiciales, temprana y sistemáticamente, se niegan a cumplir con los procedimientos y adoptar medidas que conlleven a la aplicacion de las sanciones correspondientes. Por ello, las esperanzas de la ciudadanía de que se castigará a los responsables del tsunami de corrupción, se han ido desvaneciendo, dado que ‘obstáculos procedimentales' han prevalecido como protectores de la corrupción y la impunidad. Hoy por hoy, todos los indicios racionales de responsabilidad languidecen, y la obsoleta y caduca normatividad sirven de espolique para que aquí ‘no pase nada'.
Todos los progresos alcanzados en el marco de la Convención de Constitucionalidad y de la modernización de un número plural de instrumentos legales, al igual que las Convenciones de la OEA y de la ONU contra la Corrupción, han sido desechados. Ello ha permitido a las multiples redes delincuenciales de los poderes politicos y económicos, seguir operando fortalecidos por la recorrupción que prevalece al amparo de los Órganos del Estado.
Actualmente, todo clamor de Justicia tropieza con los oidos sordos del Ministerio Público y Magistrados que, a pesar de las contundentes evidencias, se recrean en hacer laberintos de leguleyadas para que ‘no pase nada a nadie'.
Prueba palpable de lo anterior, además de los interminables escándalos del Gobierno pasado, la tenemos en el tratamiento de protección que se le ha brindado a la constelación de corrupción en la Universidad de Panamá. La casi totalidad de denuncias interpuestas en las Fiscalías contra diversos funcionarios universitarios, han concluido con una precipitada solicitud de ‘sobreseimiento', sin que haya mediado mayores gestiones investigativas. Humillante y decepcionante pues muchos creímos que actuarían diferente. Confieso que NO ha sido así.
*Constitucionalista y catedrático universitario
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Las instancias judiciales, temprana y sistemáticamente, se niegan a cumplir los procedimientos y adoptar medidas