En las aulas se habla poco de la norma legal que rige la educación en Panamá. Se escucha, sí, que tenemos una ley de 1947 y que, con el paso del tiempo, se le han ido agregando parches en función de los cambios. También se recuerda el fallido intento de reforma y las huelgas prolongadas: unas más extensas que otras, pero todas con consecuencias para la masa estudiantil.
Son más de una veintena de gremios magisteriales los que salen a las calles cuando hay manifestaciones. Han sido estos gremios los que, históricamente, se oponen o rechazan casi todos los movimientos o propuestas que surgen desde los ministros del ramo.
Rechazan cualquier tipo de iniciativa que represente un cambio al statu quo y, como resultado, la educación se ha ido quedando atrás en comparación con otros países de la región.
Aunque una nueva norma no es una varita mágica para solucionar todos los problemas, tampoco cambia por sí sola la actitud de todos los actores del sistema educativo. Una nueva norma no garantiza automáticamente el cumplimiento de las responsabilidades de los tres pilares de la educación.
Sin embargo, una nueva norma sí permitiría ordenar y actualizar aspectos que ya han quedado obsoletos y que podrían dinamizar el proceso de enseñanza, adecuándolo a los cambios tecnológicos.
