- martes 15 de octubre de 2024 - 12:00 AM
El modelo de administración de las universidades públicas ha llegado a un punto de desgaste. La Universidad de Panamá (UP), con la Ley 24 de 2005 y la reforma de su Estatuto, eliminó el decreto de la dictadura que reglamentaba su vida interna. Sin embargo, estas reformas no fueron suficientes para crear un modelo de administración que garantice transparencia, justicia y democracia.
Las universidades estatales especializadas copiaron estructuras anacrónicas y antidemocráticas de UP. Estas instituciones se convirtieron en refugios para políticos que, al salir del gobierno, las usan como casas de veraneo. Aunque son académicas, sus directivos tienen un poder desmedido sobre los recursos del Estado y la vida de los trabajadores y estudiantes.
Los órganos de cogobierno no garantizan una participación independiente de todos los estamentos, replicando la línea política del grupo en control. Las reglas están diseñadas para favorecer a un mismo sector, que se mantiene en el poder sin contrapesos. Es crucial la libertad de expresión, la organización y la participación triestamentaria igualitaria para asegurar la pluralidad de pensamiento y evitar abusos de poder.
Internamente, no hay reglamentaciones para limitar a la vieja casta docente, mientras que se persigue a quienes ejercen su derecho a ser oposición. Esto se traduce en una administración basada en el miedo, amenazas laborales, precariedad, persecución política y la pérdida de la función social de la educación superior.
