¡Ni una más!

El 25 de noviembre fue declarado “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, por las Naciones Unidas, en el año de 1999, como un homenaje a las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, asesinadas en esta fecha hace 64 años, por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Ya en 1994 se había adoptado en la región la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará. La misma considera que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y que su eliminación es “condición indispensable para el desarrollo individual y social de la mujer y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida”. Fue ratificada por Panamá a través de la Ley no 12 de 1995.

Fue una enorme contribución de América Latina al mundo, visibilizar la violencia que comúnmente se daba en el ámbito privado contra las mujeres -muchas veces a mano de sus parejas- y sancionarla penalmente.

En nuestro país se desarrolla la Convención a través de las Leyes 27 de 1995 (violencia intrafamiliar), 38 de 2001 (violencia doméstica), 82 de 2013 (prevención y femicidio), 7 de 2018 (actos discriminatorios), 321 de 2022 (que adopta Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral). Y el pasado 9 de octubre se aprueba en la cámara legislativa el Proyecto de Ley No 61, sobre violencia sexual digital, en espera de la sanción presidencial.

En nuestro país, el delito de mayor incidencia es la violencia doméstica, siendo que en este año 2024 se han contabilizado 13,225 denuncias de este tipo de delito ante el Ministerio Público, así como ha habido 17 femicidios y 23 muertes violentas de mujeres (hasta el 31 de octubre); mientras que hasta el 15 de noviembre se produjeron 5,185 denuncias por violación y otros delitos sexuales.

Urge la sanción del Proyecto de Ley No 61 por parte del Presidente de la República, pues el país no sólo se colocaría a la vanguardia con este tipo de legislación en la región (el tercero, después de México y Argentina), sino que desestimularía la violencia sexual digital que se ha incrementado significativamente en los últimos años.

¡Ni una más!