Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Agrega El Siglo en Google ↗️La política de “mano dura” es la repuesta fallida con la que el gobierno, buscan resolver la crisis penitenciaria, sin importar que se vulneren garantías fundamentales, y/o derechos humanos. Su aplicación en hombres y mujeres cautivos, no les traerá nada nuevo, pues viven en libertad en esas mismas condiciones de indignidad humana.
La hipermetropía que padecen nuestros funcionarios, les ver que la desatención estatal hacia las comunidades marginales, va conectada con los insoportables brotes de violencia delincuencial.
A lo largo de los años, el sistema penal acusatorio ya viene dando muestras de fatiga institucional. A fiscales y jueces “se les resbala” que les griten que la cárcel es sólo para “los hijos de la cocinera”, mientras “la quincena” llegue puntual. Por esta vía, la pena de prisión recuperar la aptitud de antes, para asegurar el control social institucionalizado por medio del terror.
El problema “reventó” por la cárcel por ser ésta el último eslabón del SPA, espacio en el que como “acto de justicia”, un ciudadano purgará con sangre y dolor, no por el daño causado a un semejante, sino por el atentado cometido contra el Estado. El Estado es implacable para mandar a la gente a la cárcel, ¿qué ocurre cuando el Estado incumple con sus deberes de crearnos condiciones aceptables para vivir mejor? Nada. Espera las elecciones.
Sobre la ineficacia de la pena de prisión, todo está dicho. Si la educación no logra “habilitar” en libertad, ¿por qué insistir en que en la cárcel es posible lograr la cacareada “rehabilitación”?
La pena de prisión se sostiene en el dogma de que “el dolor libera”. Por ello, se piensa que el delincuente obra por maldad, y por tanto se le niega justificación a las necesidades materiales que padece. En sede penal, en el juzgamiento de un desempleado con hijos que mantener, prima la idea “vindicante”, de que con todo y eso merece la cárcel porque no agotó las oportunidades que el Estado le brindó. No sé cuáles serían estos beneficios, y por eso vemos obligados a preguntarles, ¿cómo razonan cuando un rico roba? El país no necesita más cárceles; necesita hospitales y escuelas funcionales.
