La desproporcionada y hasta procaz reacción de un “asesor presidencial” ante los justificados cuestionamientos que muchos sectores hacen de los hasta ahora más de 30 viajes presidenciales, justifica que el tema sea debatido públicamente.
En principio, que los jefes de Estado viajen para nada es objetable; pero, a la par, también es justificado que, por sus elevados costos, los gobernados reclamen conocer los beneficios que reportan y que, a su retorno, los gobernantes rindan, voluntaria y pormenorizadamente, los correspondientes informes.
Una norma legal, de hace varias décadas imponía que todas las misiones oficiales fueran justificadas con la presentación, a su conclusión, de informes detallados de sus costos y beneficios para el país. Si esa saludable práctica se restituyera, su consecuencia sería saludable para todos, pues ahuyentaría las especulaciones que, aparentemente, han levantado ronchas en varios defensores, no tan oficiosos, del gobierno de turno.
En los más de 30 viajes, que lleva realizados el jefe del Estado, siempre acompañado de nutridas delegaciones, según se ha reportado, se han firmado un sinnúmero de “acuerdos, memorandos, declaraciones y otros instrumentos jurídicos de diferentes denominaciones” que, para bien o para mal importan compromisos para el país, algunos con costos derivados, cuyo monto y detalle se desconocen. Que, ante ese hecho, surjan cuestionamientos es más que justificado. Y mientras más demoren las autoridades en explicarlos, mayores serán las especulaciones.
La manera sencilla de evitar las especulaciones no es que algún “emplanillado” en las altas esferas del gobierno, insulte a quienes con razón cuestionan y solo piden que haya transparencia. La vía rápida y transparente que pondría fin a todas las especulaciones es que, así como se gastan muchos miles en la propaganda oficial, la Secretaría de Información del Estado, publique un suplemento, en el que se detallen todos los viajes presidenciales y de los altos personeros del régimen, sus costos y los beneficios, cuantificables, que para el país han reportado o reportarán a futuro.
Pedir que lo hagan es un derecho de todos los gobernados, pero, sobretodo, una obligación de quienes pidieron y se les concedió el mandato para gobernar.
Una norma legal, de hace varias décadas imponía que todas las misiones oficiales fueran justificadas con la presentación, a su conclusión, de informes detallados de sus costos y beneficios para el país.
