El dolor se sufre con las manos llenas de tierra en las cuatro provincias centrales de Panamá. Hablamos de un desastre natural con todas sus letras. Los números preliminares provocan escalofríos: centenares de viviendas agrietadas o vueltas escombros, escuelas destrozadas y casi una veintena de hospitales e instalaciones de salud heridos de muerte. Son estimaciones preliminares.
¿Hasta cuándo permitiremos que la burocracia estatal mueva los pies como una tortuga cansada mientras la gente humilde duerme a la intemperie? En Tonosí, en las costas de Isla Cañas o en las comunidades de Soná y Mariato, hay miles de compatriotas vulnerables que lo perdieron todo. Las familias que vivían a las orillas de los ríos y del mar no pueden ni deben regresar a esos terrenos inundables; necesitan reubicación urgente y segura.
Entre las ruinas y la incertidumbre, hay un trauma colectivo que quiebra el alma. Es impostergable la atención psicológica y el acompañamiento espiritual para niños, ancianos y familias enteras que lo perdieron todo en 55 segundos ese fatídico 9 de octubre.
¡Sufrimos una emergencia grave! ¡Hace falta respuestas de desastre natural ya! Se necesita agua potable sin descanso, comida, ropa, atención psicológica, contención espiritual y materiales de construcción. Si el engranaje del gobierno se traba en los sellos y el papeleo, que sea la solidaridad probada de nuestro pueblo la que rompa ese cerco.
La gente de a pie siempre responde primero. Las redes de voluntarios, los clubes, las iglesias y los vecinos organizados están llegando a los caminos donde el Estado ni siquiera ha enviado una grúa. Pero los funcionarios tienen que despertar: no están ahí para tomarse fotos con casco en las ruinas, sino para soltar los presupuestos y garantizar que la ayuda llegue sin trabas.
La Región Central nos da de comer a todos. Hoy sus cuatro provincias se desangran. Ayudar no es un favor: es un deber sagrado. ¡Que la ayuda física, emocional y espiritual llegue en horas, no en semanas!