Acudimos en días pasado, al conversatorio “político intelectual”, sobre la obra “Las Caras del Terrorismo Judicial”, de la conocida activista Mery Alfaro de Villageliú. El libro no trata sobre doctrina judicial, sino que recopila con sentido crítico, las interioridades y funcionamiento de la justicia penal, las que ganarán simpatías o detractores, de acuerdo a los intereses del lector. Tal como nos lo revelara la autora, se trata de un relato bibliográfico de los abuso de poder y extralimitaciones cometidos por parte de los funcionarios intervinientes en los cuatro (4) casos examinados, destacándose entre estos el del conocido empresario colonense Abdul Waked.
Esta obra se suma a la cuantiosa bibliografía local que cuestiona nuestra justicia penal, sin importar que se trate de experiencias de ciudadanos de a pie, o de grandes personajes de la vida nacional. Nada justifica que en democracia el aparato de justicia quede involucrado en las disputas políticas o económicas internas de las élites de poder, ni tampoco que en lugar de crear paz social, la aplicación de la ley penal arrastre a miles la indignidad, en medio de la alta morosidad que vienen acumulando los gobiernos democráticos en la atención de las necesidades de las mayorías.
La justicia penal se aplicó con máximo rigor por los militares, sin consecuencia alguna por sobrepasarse los límites formales que autoimpusieron. Si por un minuto echáramos el tiempo hacia atrás, hoy duele reconocer que los clamores de ¡justicia....justicia!, sólo sirvieron para capitalizar el descontento ciudadano por la dictadura. ¿Qué podría frenar el llamado terrorismos judicial?
Desde los primeros días del gobierno democrático, se evidenció la falta de voluntad política para llenar el vacío de poder que dejó la caída de la dictadura. En casi medio siglo de vida democrática, el país viene dando “tumbos y tambos”, dada la falta de armonía entre la sociedad, el Estado y las cúpulas. Es decir, a falta de un liderazgo real capaz de resolver las disputas entre los sectores del poder económico, semejante labor ha recaído sobre el gobernante y la justicia “estatal”, la que por desgracia sólo cuenta con estructuras, diseñadas únicamente para condenar “a cholos y a negros”, sin sonrojarse.
