¿La reforma educativa para cuándo?

Desde el año pasado, el Ejecutivo empezó a hablar con fuerza sobre el proyecto de ley denominado “reforma educativa”. Sin embargo, a la fecha todo indica que, dentro de la agenda gubernamental, aún habrá que esperar para conocer con claridad qué se plantea realmente o qué se persigue con esta iniciativa.

Desde nuestra perspectiva, y con base en experiencias internacionales, ninguna reforma educativa se logra únicamente mediante una ley. Cuando se habla con propiedad de una reforma educativa, se debe considerar un proceso amplio de discusión, análisis, propuestas, acuerdos e innovaciones entre todos los componentes del sector: instituciones educativas, científicas y organismos vinculados a la educación nacional. Es en ese espacio donde se construye un gran acuerdo nacional, y solo entonces algunos de esos consensos deben elevarse a ley de la República.

En el presente caso, se intuye que se trata más bien de un proyecto de reforma de la legislación educativa, que si bien puede sentar las bases de una verdadera transformación, por sí solo no constituye una reforma educativa, como se está planteando mediáticamente. No obstante, el esfuerzo es válido y debe tratarse con urgencia, ya que, tal como están las cosas en el país y en el mundo, vivimos en medio de una serie de acontecimientos que generan más incertidumbre que certezas sobre el futuro.

A lo interno del país, persisten temas pendientes desde el 1 de julio de 2024, como la reactivación económica, la generación de empleos, la llegada del “chen chen”, el tema minero y, más recientemente, el combustible y la crisis en el Medio Oriente.

El proyecto de ley debe también regular los temas de seguridad escolar, que involucran a estudiantes, administrativos, docentes y padres de familia. Este es un asunto complejo, ya que requiere la integración de la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, sectores que muchas veces no hablan el mismo idioma.

En el tratamiento de este tema, se debe poner especial atención en la penetración de pandillas y del crimen organizado en los centros educativos, a través de estudiantes, padres de familia y otros allegados. No es un secreto que muchos docentes trabajan con temor, ya que al aplicar medidas disciplinarias o académicas, al día siguiente enfrentan la presencia de familiares y vecinos que los agreden o amedrentan, al punto de temer por su vida e integridad física.

En otro ángulo, desde este espacio proponemos sacar la política del sistema educativo. Para ello, sugerimos la inclusión de tres artículos, mediante nota a la Comisión de Educación de la Asamblea, que establezcan la prohibición de que personas vinculadas a partidos políticos puedan ser ministros, viceministros o secretarios generales, al menos entre ocho y diez años antes de su nombramiento.

Asimismo, se plantea que los designados cuenten con competencia comprobada en el ámbito educativo, lo cual solo se logra mediante la acreditación de ejecutorias reconocidas en materia educativa, científica, de derechos humanos o áreas afines. No cualquiera puede ser ministro de Educación.

Analista