Investigaciones contra Carrizo reavivan denuncias sobre irregularidades en el sistema judicial

Las investigaciones que actualmente enfrenta el exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento injustificado, han reavivado denuncias sobre posibles irregularidades dentro del sistema judicial que podrían haber afectado procesos relacionados con inversionistas extranjeros en el país.

En ese contexto, el abogado Salvador Padilla Estrada expuso la situación de uno de sus apoderados, un empresario mexicano con inversiones en Panamá, que, desde octubre de 2019, tiene un proceso judicial injustificado que le ha costado la retención de las cuentas bancarias, bienes y vehículos en el país.Este proceso ha estado marcado y documentado por la defensa por una serie de irregularidades que han sido denunciadas, incluyendo presiones indebidas, decisiones contradictorias y la permanencia de medidas patrimoniales incluso después de decisiones judiciales que cuestionaron la viabilidad de las imputaciones.

En 2022, el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano negó la solicitud del Ministerio Público de imputación en contra del empresario al considerar que los elementos presentados no eran suficientes para sustentar cargos. Sin embargo, a pesar de esa decisión judicial, los bienes permanecen retenidos y la investigación abierta, prolongando una afectación patrimonial y jurídica que ya supera los cinco años.

La defensa sostiene que parte de las presiones dentro del proceso habrían estado orientadas a exigir pagos indebidos a cambio de liberar los recursos financieros del empresario, lo que compromete seriamente las garantías de transparencia e imparcialidad que deben regir en cualquier proceso judicial.

Se presume que las trabas en este caso estarían relacionadas con la actuación de algunos fiscales, entre ellos Isis del Carmen Soto, quien entonces se desempeñaba como Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada. Aunque su salida del Ministerio Público fue presentada públicamente como una renuncia voluntaria, al parecer esta estaría vinculada a presuntos actos de corrupción. Mismo delito por el cual es hoy investigado el exvicepresidente Gabriel Carrizo.

En ese contexto, el abogado Salvador Padilla Estrada ha mencionado que estas actuaciones al parecer pueden estar vinculadas a prácticas o estructuras de poder que se consolidaron durante el periodo en el que José Gabriel Carrizo ejercía la Vicepresidencia de la República, y cuyos efectos podrían seguir influyendo en decisiones y actuaciones dentro del sistema judicial, afectando el equilibrio y las garantías que deben regir todos los procesos.

Por esta razón, la defensa considera que las investigaciones que hoy se desarrollan contra el exvicepresidente representan una oportunidad para que las autoridades revisen de fondo los hechos y denuncias del caso. Reiterando además que, la lucha contra la corrupción debe ir siempre acompañada del respeto al debido proceso y de la protección de los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de empresarios que han confiado en el sistema jurídico del país.

En ese sentido, se hace relevante que las autoridades competentes revisen este caso con total transparencia, esclarezcan las irregularidades denunciadas y adopten las decisiones necesarias para garantizar que la justicia opere sin presiones ni interferencias de ningún tipo y mucho menos de posibles estructuras de corrupción judicial dentro del Ministerio Público.

El autor es comunicador y jefe de prensa