Ingresos exorbitantes de alcaldes y representantes

Los reportajes del diario La Prensa del 13 y 14 de enero pasado dan cuenta de exorbitantes asignaciones para cubrir gastos de movilización, representación y dietas de 10 alcaldes y 10 representantes de corregimientos que incrementan sus ingresos mensuales a tal punto que hasta resultan superiores a los correspondientes al propio Presidente, Ministros y Magistrados de la Corte Suprema (oscilan entre B/ 13,750 a B/ 7,350 mensuales cada uno).

Curiosamente el aumento, más allá del salario, se da sobre todo con base en los llamados ‘gastos de movilización' que oscilan entre 2,900 y 5 mil balboas por mes. Estos gastos significan B/ 12 millones anuales correspondientes a los 751 alcaldes y representantes de todo el país. Además de estar libres de impuestos no se justifican en tanto reciben adicional gastos de representación y dietas por reuniones y, en la mayoría de los casos, gozan de carro oficial y conductor asignado. Los gastos de representación de estas 20 autoridades oscilan entre B/ 500 a 7,750 mensuales. Los alcaldes con los mayores ingresos son los de los distritos de Panamá, Arraiján, Colón y San Miguelito; y los representantes de Buena Vista y Cristóbal de Colón, y de Curundú y Las Garzas de Panamá.

Lo peor del caso es que estas a signaciones provienen de los fondos de la descentralización, es decir, los que generan los municipios. Ha sido mal entendida y ha servido es para fortalecer el caciquismo local, el enriquecimiento ilícito y el clientelismo local.

Adicionalmente, 30 alcaldes (el 40%) y 172 representantes de corregimientos (el 25%) gozan de licencias con sueldo de sus trabajos anteriores como funcionarios públicos, los cuales representan B/ 325 mil por mes y 3.9 millones al año, sin que la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) haya cumplido su promesa de promover reforma legal que los despoje de ese privilegio, que por demás está prohibido por la Constitución.

El Contralor de la República, en su informe de inicios de año, justificó estos ingresos exorbitantes señalando la ‘autonomía de los gobiernos locales'; y los diputados le aprobaron la Ley 256 de 2021, a su medida, para evadir la investigación que le hacía la Procuraduría de la Administración.

Resulta vergonzoso que en esta época de pandemia, el gobierno se ensañe a nivel fiscal con quienes ejercemos las profesiones liberales, mientras favorece estos privilegios de las autoridades locales.

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA