Preocupante lo que sucede en Panamá. La situación de la mina, la falta de autoridad de Ejecutivo o en su defecto, la permisibilidad de quienes gobiernan, ante un rechazo total y absoluto a la minería.
La población, en las calles rechazó la Ley 406. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la ley violatoria de 25 artículos de la Constitución, pero el Ejecutivo felizmente pago casi seis millones de dólares por violar la norma constitucional.
Manifestaciones en las calles, en octubre y noviembre de 2023, fueron contundentes. La CSJ cumplió su papel protagónico, pero el Ejecutivo aún juega al gato y la rata, situación que pudiera ser detonante para más sangre derramada que aquella del gobierno CD, entre 2014/2019.
En aquel entonces, la Asamblea Nacional, por disposición del Ejecutivo intentó implementar la Ley Chorizo. La población se tiró a las calles. La policía, presuntamente por instrucción del ministro, hoy candidato, arremetió contra los manifestantes, dejando más de una docena de muertos, muchos herido, otros con pérdida visual (parcial y total), y quien sabe cuántos niños en orfandad.
Hoy, peor que ayer, hasta los extranjeros tienen mayor injerencia en el gobierno que los panameños. La embajada de Nicaragua, pretende extender su territorio, a presar de la negación del gobierno panameño, en abierta violación a convenios internacionales y autoridad de la República de Panamá.
Al parecer, nuestros gobernantes mantienen actitud permisible ante la arbitrariedad del gobierno nicaragüense. De continuar sin actuar, seremos el hazmerreir del mundo, una nación impotente que convertirán en el patio trasero de su dictadura, en basura.
Ya el gobierno debió solicitar a nuestro embajador en Nicaragua abandonar la Sede. Posteriormente romper relaciones diplomáticas con el país usurpador de convenios internacionales y presumiblemente permitir realizar jornadas políticas en nuestro País.
Y la CSJ ¿Por qué no hace respetar sus Fallos contra delincuentes de cuello blanco? Con el cierre de la mina y resuelve las demandas de inconstitucionalidad que guardan relación con las elecciones de mayo de 2024. Dios te salve, Panamá.
En aquel entonces, la Asamblea Nacional, por disposición del Ejecutivo intentó implementar la Ley Chorizo
