Eliminación de las prestatarias, intento fallido

Dice un viejo adagio que lo “obvio no se pregunta”, y yo agrego: tampoco se intenta cambiar. Así les pasó a los noveles diputados Neftalí y Vergara, en sus intentos de reformar la Ley 14 de 1993, la Ley 34 de 1999 y el Decreto 543 de octubre de 2003, que no era otra cosa que una planificación para abrir el espacio para que el gran capital se adueñara del “machete” de los transportistas. Se evidenció que las prestatarias son malas para los que no dirigen alguna, así como se dice que las “roscas no son malas, lo malo es estar fuera de ellas”.

Hubo mucha retórica, narrativa mediática, matraqueo publicitario y legislativo, pero nada de sustancia, referencias históricas ni sustentación real sobre la necesidad de cambiar lo que existe, que mal que bien es nuestro vino, aunque tenga un sabor a veces amargo.

Quienes nos conocen saben que, por más de 30 años, hemos estado vinculados al sector transporte, y la vida nos ha permitido la satisfacción de haber participado desde el año 1993 en todas las iniciativas legislativas de lo que hoy día se conoce como la Legislación Transportista. Eso nos da un poquito de autoridad para hablar del tema con el debido conocimiento. Se intentó cambiar el artículo 18 de la Ley 14 de 1993, que es el que le da la estabilidad y seguridad jurídica al sistema de transporte público y a la inversión efectuada por los transportistas. Este artículo ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad y de una serie de consultas a la Procuraduría de la Administración, y al final se ha ratificado la legalidad de la norma. Estoy plenamente seguro de que ninguno de los dos diputados sabía esto.

En el tema del bendito cobro del zarpe, no es cierto que sea invento de las prestatarias. La Sala Tercera de la Corte Suprema ya se pronunció sobre la legalidad del cobro del mismo, y de igual forma estoy seguro de que los diputados proponentes desconocen esto, por una sencilla razón: cuando se habla de transporte público hay que documentarse, porque, si no, se queda repitiendo lo que palancas mareadoras, que le rinden culto al desorden y a la ilegalidad en el sector, le dicen al oído. Los diputados que presentaron las iniciativas perdieron de vista, quizás por su inocencia —y esto lo digo a beneficio de inventario—, que, por lo delicado del tema y su importancia económica, social y productiva para el país, con este tema ni se experimenta, ni se ensaya, y mucho menos se taquilla.

Un pecado original de la iniciativa de reforma es que por ningún lado se mencionó el aporte del sector transporte al Producto Interno Bruto del país. Tampoco se hizo mención de los aportes al régimen de seguridad social por parte de las prestatarias, así como a las sumas que se aportan al salario de los trabajadores. Si hubiesen hecho su trabajo, solo debieron preguntarle a Terminales David–Panamá, Sampasa o Expreso Veragüense, a menos que desconocieran que también son prestatarias. Por problemas de espacio no es posible seguir detallando los pecados de las iniciativas, pero sí es importante concluir que ningún cambio en la legislación transportista del país se puede hacer sin la consulta, análisis, participación y aportes de los transportistas, que desde hace rato también son empresarios. Así las cosas, y al decir del inmenso Gabo, fue la crónica de una muerte anunciada.

Analista y consultor político