10 de marzo de 2025 en la República de Panamá, se cumple con el calendario programado por las autoridades, para el inicio de año escolar. Los retos de muchos padres por el alto costo de la vida los ha llevado a tener matricular a sus hijos en escuelas públicas, por el alto costo de mensualidades, donaciones para la inscripción, los gastos constantes, y actividades extracurriculares que hacen insostenible la economía del hogar. Pero si esos gastos, los multiplicas por la cantidad de integrantes de la familia en edad escolar, se convierte en una pesadilla. Todas estas consideraciones han ocasionado una sobrepoblación en las diversas escuelas públicas, ya que la educación “es un derecho y una responsabilidad” consagrado en el Título III derechos y deberes individuales y sociales, Capítulo 5° de los Artículos 91 al 108 de nuestra Constitución Política. Además, la educación constituye un derecho humano tal cual lo dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en su Artículo 26. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO considera que “la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible”. Igualmente señala que “244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarización por razones sociales, económicas o culturales. La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños y adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible”. En tal sentido la Convención sobre los Derechos de los niños del 20 de noviembre de 1959, contempla en su Artículo 5 y 7 la educación como un derecho de los niños. En el caso de Panamá, la necesidad de educación es imperante para que los estudiantes puedan recibir educación de calidad que le permitan constituirse el relevo generacional idóneo para garantizar una sociedad con estabilidad económica que permita evolucionar. Pero las tradicionales huelgas que trastocan el proceso enseñanza y aprendizaje son las que tienden a amenazar el periodo normal afectando el interés y motivando la deserción escolar.Todos estos problemas que surgen como la habilitación de las instalaciones en las escuelas, las mesas de negociación sobre aspiraciones de los maestros y profesores deben ser iniciadas al terminar cada año escolar, y evitar que esto afecte a nuestra población de estudiantes, cuyo derecho es superior por tratarse de menores de edad.
