Esta frase sacada de la obra “1984” de George Orwell retrata el carácter intrusivo de todo régimen totalitario: la vigilancia extrema sobre los ciudadanos. Esta novela concluida en 1948 se inspira en las prácticas del fascismo alemán, pero las proyecta a un régimen de control ciudadano absoluto donde desaparece la esfera de lo privado, imperan las versiones oficiales que manipulan la realidad y se inventa una “neolengua” para reducir vocabulario e impedir pensamiento disidente, rasgos que se traspolan al mundo actual con la tecnología digital y el capitalismo de vigilancia.
En el Panamá post-invasión se visibilizó esa actividad estatal invasiva con el caso “Pinchazos”, donde el Consejo de Seguridad del Estado entre 2012 y 2014 intervino comunicaciones privadas de hasta 150 personas, ya sean políticos, magistrados, diplomáticos, empresarios y dirigentes sindicales a través de un equipo israelí de espionaje valorado en B/ 13.4 millones.
Hoy, impacta la denuncia de la Alianza Pueblo Unido por la Vida de la infiltración de al menos 40 agentes de la policía vinculados con la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP), en la vida privada y en actividades de dirigentes ambientalistas, indígenas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, y sus familiares, sin autorización judicial. Los denunciantes han acudido a 4 relatorías de la ONU y al Ministerio Público solicitando medidas de protección e investigaciones imparciales.
La Policía ha rechazado que se trate de “infiltrados” y señala que los agentes señalados son “agentes encubiertos” que actúan al amparo de la Ley. Sin embargo, la Ley 21 de 2013 sobre delincuencia organizada exige que para operaciones encubiertas haya orden de un fiscal, sujeta al control del juez de garantías, ignorándose hasta la fecha la existencia de esta orden y de este control.
La Alianza Ciudadana pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá han señalando que estas prácticas de vigilancia son incompatibles con una sociedad democrática y que generan un “devastador efecto inhibidor y de autocensura” en la ciudadanía y sectores sociales organizados.
Con el último gobierno se ha fortalecido presupuestaria y operativamente a los estamentos de seguridad, los cuales entrenan conjuntamente con el ejército norteamericano a raíz de la instalación de 3 bases estadounidenses en Panamá, a pesar de que el país constitucionalmente “no tiene ejército” y, en vez de combatir la delincuencia, se enfoca en criminalizar la protesta pública y vigilar a los ciudadanos.
Abogada y catedrática universitaria
