En medio de la discusión en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, durante el segundo debate del proyecto de Ley 163, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), Monchito Herrera observa desde el palco que sirve de observatorio público. Como en una obra de teatro repetitiva, analiza la trama con el guion gastado de los intereses creados.
Monchito, un hombre de mediana edad que vio sus primeras canas a los 17 años, profesional apasionado por la lucha nacionalista, formador de comunicadores sociales y con una trayectoria laboral destacada, sacrificada y desinteresada, siente la impotencia al presenciar los capítulos trillados del mismo libreto escrito por los corruptos.
La telenovela que inició con la propuesta de un proyecto de ley rimbombante, presentado como la panacea para salvar al moribundo sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte, deja ver a los actores representar sus papeles de protagonistas, héroes, villanos y antagonistas. Pero el público ya conoce el desenlace: promesas vacías, discursos grandilocuentes y, al final, el mismo deterioro de siempre.
Aprovechando el breve receso de la sesión, Monchito conversa con su yo interno y repasa las conclusiones de su análisis: la principal causa y consecuencia del caos financiero es la mala administración cimentada en la máxima expresión de la corrupción, que galopa con impunidad desde hace décadas en la institución más solidaria del país.
Es fácil decir que no hay fondos y que para llenar la alcancía se debe depositar más dinero por más tiempo. Sin embargo, lo que se necesita con urgencia es crear controles más eficaces y eficientes para combatir la corrupción generalizada, ese verdadero cáncer en metástasis que corroe las finanzas de la CSS.
El país no puede seguir tolerando la evasión fiscal, el no pago de la cuota obrero patronal de los empresarios juega vivo, ni la impunidad de los corruptos. Se deben implementar sistemas de cobro tributario eficientes y administrar la CSS con transparencia. Más aún, las leyes deben ser inflexibles y el castigo a los evasores y corruptos debe ser severo, oportuno y ejemplar. De nada servirá cualquier reforma si no se erradica la raíz del problema. No basta con transfusiones de dinero al sistema; si las heridas que provocan la hemorragia de recursos no son cauterizadas, todo intento de recuperación será un placebo inútil.
