El derecho de los ciudadanos

Lo que inició como un proceso improbable, ha terminado en un ejercicio ciudadano de gran valía. Los nuevos sistemas de participación implementados por el Tribunal Electoral en función de la tecnología, serán en principio dificultosos, pero no cabe duda, que marcarán el inicio de un proceso de modernización y simplificación de todo lo concerniente al empoderamiento de la sociedad frente a sus autoridades.

Los dispositivos móviles, la conectividad y el acceso a kioscos digitales, ahorrarán todo el proceso engorroso que significa el papel y fotografía con fondo de color. Desde inscribirse en un partido político hasta firmar para una propuesta de consulta ciudadana e incluso la tramitación de documentos, formarán parte del paquete de opciones, con los que contarán los panameños y panameñas para ejercer sus derechos.

El fallido intento de los promotores para la convocatoria de una asamblea constituyente, sirvió como entrenamiento para los siguientes ejercicios de participación ciudadana. Actualmente se encuentra vigente el proceso para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito capital, mismo que arrancó con el pie derecho; y que, sin duda, servirá para afinar en el futuro los lineamientos concernientes al empoderamiento ciudadano.

El mundo sufre transformaciones y Panamá no escapa de ello. Hoy día, ningún sistema de democracia moderna carece de mecanismos de consulta ciudadana, ya que el nuevo contrato social que se impone, redefine el concepto del servidor público autoritario; y empodera el principio de participación inclusiva en la toma de decisiones.

Los más viejos irán cediendo espacio, para que las nuevas generaciones asuman el control político y económico, en mundo donde la tecnología simplifica los procesos y hace que la consulta ciudadana sea rápida, económica y efectiva.

Independientemente, del resultado que se obtenga con las firmas digitales para la revocatoria de mandato del alcalde capitalino, los ciudadanos habrán ganado una importante herramienta para hacer sentir voz, cuando sus autoridades electas los hayan defraudado o engañado en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.

PERIODISTA