- sábado 12 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
Decantado como estaba que el proyecto de ley 491, que aumentaría a 600 balboas mensuales todas las pensiones inferiores a esa cifra, por tener como fuente especificada para su financiamiento dos tasas aplicables a operaciones marítimas, automáticamente generaría el rechazo de ese sector, con indudable poder económico y político bloquearlo, para nada sorprendió que surgiera la alternativa de proponer los anunciados descuentos “para ayudar a los jubilados” con las pensiones más bajas a arrastrar sus penurias económicas; y tampoco debe sorprendernos que los sectores que estarían obligados a concederlos se hayan pintado de guerra.
Desde el momento mismo en que fue presentado el proyecto 491, también estaba decantado que, de haber sido aprobado en tercer debate, el Órgano Ejecutivo lo hubiera vetado, por las mismas razones que ahora han expresado, tanto Mulino como su ministro del MEF. Ambos, a la par que han convocado a los representantes de los jubilados y a los representantes empresariales, también han “advertido que sus promotores no deben aprobar leyes en las que se dispongan gastos o descuentos sin especificar cómo se financiarán”.
Después del primer encuentro del pasado miércoles, se ha anunciado que “las partes en conflicto” están convocadas para volver a la presidencia el próximo día 15. Los resultados de esa nueva cita, con el preámbulo de la advertencia del Órgano Ejecutivo, para nada presagia que será dar viabilidad al proyecto 491 o a las reformas de la denominada “Ley Oranges”.
Cuando fue presentado el proyecto de ley 491 y cuando se fabricó “intramuros” la alternativa de ampliar y aumentar los descuentos, en las notas que llevo escritas sobre el tema he insistido en señalar que casar y condicionar a tributos específicos la consecución de los recursos para financiarlas es una ruta equivocada y una fuente de confrontaciones que apuntan insalvables. Las pensiones deben aumentarse porque es una obligación del Estado y para cumplirla, la fuente de su financiamiento debe ser la inclusión de la partida correspondiente en el Presupuesto General. Al igual que se incluyen las partidas paga pagar los salarios, que no están casadas a ningún tributo específico, también deben incluirse las necesarias para pagar el aumento de las pensiones.
El gasto público debe ser jerarquizado. En consecuencia, primero deben atenderse las necesidades más urgentes. En orden inverso, para atenderlas, se deben eliminar o suprimir los gastos que no lo son. Ejemplos de ellos sobran: la compra de aviones de combate que no necesitamos, los viajes excesivos, la compra de vehículos, las cuotas de gasolina a funcionarios que tienen carros oficiales, la inversión en piscinas o en una “villa diplomática” y etc. y etc.