¿Debe seguir dependiendo de la capacidad para presionar?

La reciente aprobación del proyecto de ley que restablece la exoneración del ITBI, para la venta de viviendas hasta un tope de 120,000, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revertir la insana práctica de legislar para responder a la capacidad de presionar o a las conexiones políticas y comerciales de grupos o sectores interesados.

Después de comprobar como se ha desarrollado, hasta su culminación en la aprobación del susodicho proyecto, el proceso para restablecer la exoneración del ITBI, nadie dudará que, desde su gestación, sus promotores tenían asegurado el resultado, a pesar de que los pretextos para justificarla suenen más a espejismo que a realidad.

Afirmaban sus impulsores que la restitución de la exoneración es la fórmula mágica que motivará a las promotoras de viviendas para desarrollar proyectos de viviendas al alcance del poder adquisitivo de los segmentos de la población de más bajos ingresos, donde se concentra, actualmente el mayor porcentaje del déficit habitacional.

El otro señuelo que se ha vendido es que, con la exoneración del ITBI, las futuras viviendas serán más económicas. Pues ni una ni la otra cosa serán realidad y no pasará mucho tiempo para que eso se compruebe. Desde ahora pueden dar por descontado que como la exoneración se aplicará a las viviendas con un costo de hasta 120,000 balboas, los precios que se fijarán se empatarán con ese monto, centavos más centavos menos.

Por un lado, las promotoras de viviendas serán las beneficiarias directas de la restitución de la exoneración; nadie espere que el beneficio se refleje en la reducción de los precios. Por el otro, el Estado, entiéndase en este caso el gobierno en turno, se ha relevado de tener que desarrollar programas de viviendas populares. En otras palabras, debe descartarse que, como ocurrió en el pasado, con dineros públicos se construyan barriadas de viviendas de bajo costo o que se vuelvan a ensayar programas de los conocidos como “piso y techo”.

Quienes ganarán y quienes perderán con este supuesto beneficio fiscal, quedará patente a muy corto plazo, a menos que, al reglamentar la ley, se establezcan parámetros claros que, en el sector de la construcción, al igual que en muchos otros, antepongan la justicia social a los afanes de lucro.