La semana pasada se hizo viral —muy viral— una denuncia difundida en plataformas digitales y medios escritos, en la que un ciudadano calificó de “maleantes” a los músicos del género típico. Sustentó su acusación en supuestas prácticas como el incumplimiento de contratos, la alteración de montos según la asistencia al baile, exigencias de último momento del tipo “o me das más o no toco”, cambios de fecha tras recibir abonos cuya devolución se vuelve un martirio, cobros por “promoción” en programas radiales pagados por los organizadores y la negativa a devolver ese dinero si el evento se cancela. También señaló el uso de sociedades para diluir responsabilidades, alegando luego que los músicos son solo “trabajadores” de una empresa.
A simple vista, los señalamientos son graves. Pero más grave aún es que el denunciante hable en términos genéricos, englobando a todos los músicos, artistas y agrupaciones del género, sin dar nombres ni individualizar a quienes supuestamente incurren en esas prácticas. Es un error —y una mayúscula irresponsabilidad— dañar así al sector de la música típica. Tampoco aclaró a nombre de quién habla como afectado ni quién lo autorizó a representar a otros.
Si no iba a detallar responsables concretos, lo prudente era asesorarse mejor sobre cómo manejar estos temas ante la opinión pública o en las instancias correspondientes, como los tribunales o el Ministerio Público. No es correcto “disparar” acusaciones al aire. Si la intención es dar voz a quienes no se atreven a denunciar, ese no es el camino. Lo único que se logra es afectar a una industria, a un sector económico-artístico del país y a muchos músicos que no merecen ser señalados con calificativos tan graves.
Finalmente, a los amigos músicos e integrantes de agrupaciones típicas —con quienes he compartido años de trabajo desde la Asociación de Acordeonistas— les digo con respeto y franqueza: si algunas de estas prácticas son ciertas, no solo son reprochables, sino que rozan peligrosamente la línea de lo ilegal. Y por ahí tampoco es.