Panamá ha desarrollado una especie de individuos que trafican con los accesos e influencias dentro del Estado, como paso previo a la inversión privada. La especulación es un supuesto que deriva de la conjetura, mientras que lo abstracto no tiene que ver con ser falso, sin embargo, no será algo tangible hasta que demuestre su uso práctico.
Existen casos donde personas ganan comisiones como intermediarios de una transacción que une a un vendedor real, con un comprador final; no obstante, también están los especuladores, que a través del conocimiento de los atajos que produce la burocracia y la corrupción estatal, obtienen el acceso a concesiones estatales sin la capacidad de desarrollarlas, para luego venderlas a un tercero con posibilidades reales de operarlas.
El problema es que la inversión privada choca con una burocracia corrupta en todos los niveles, que reduce la competitividad del país para atraer negocios serios. La única forma de acceder a las oportunidades importantes, surge a través de la posibilidad de que un especulador pícaro sorteé primero todos los oscuros laberintos estatales, para luego ofrecerlo a un grupo que sí pueda financiar la inversión del proyecto y desarrollarlo.
Luego vemos como el Estado entrega concesiones en papel a grupos y personas afines, para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica, de puertos, de zonas especiales, de minería, de extracción de materiales, de actividades financieras reguladas, de frecuencias de ondas hertzianas, entre otras, a intermediarios que luego especulan con su venta, generando costos adicionales de corrupción institucionalizada a la inversión seria.
Usualmente los panameños se preguntan por qué existen en el país tantos problemas económicos y sociales, con falta de servicios de agua potable, carreteras y puentes en mal estado, además de uno de los peores sistemas educativos del hemisferio, a pesar de contar con unos de los presupuestos más grandes de la región, en proporción al número de habitantes.
La corrupción institucionalizada resulta más difícil de combatir que la coima, porque es un tipo de corrupción legalizada que se ha normalizado socialmente.