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Agrega El Siglo en Google ↗️Las obras de Estado deben tener continuidad, independientemente de que quien las inaugure no sea quien las concibió. Por ello me alegró escuchar al presidente Mulino, en su mensaje a la nación al cumplirse dos años de su administración, reconocer que el proyecto del tren probablemente no estará concluido durante su mandato. Es una afirmación realista, sobre todo cuando no son pocos quienes consideran que no constituye una prioridad para el país.
Sea o no una obra necesaria, lo verdaderamente importante es que los grandes proyectos nacionales tengan continuidad. Precisamente eso es lo que ha faltado con demasiada frecuencia en Panamá, donde el revanchismo político y las descalificaciones entre administraciones han terminado por imponerse sobre el interés nacional.
Bastan dos ejemplos para ilustrar esta práctica, tan perjudicial para miles de panameños: el Metro de Panamá y la Ciudad de la Salud.
El Metro fue un proyecto estudiado y diseñado durante la administración del presidente Pérez Balladares. En 1999 se entregó al ministro Winston Spadafora con estudios, financiamiento y el respaldo de la empresa francesa Alstom. Sin embargo, al iniciarse el gobierno de Mireya Moscoso, el proyecto pasó de un despacho a otro sin que se tomara la decisión de ejecutarlo. Así permaneció durante una década, hasta que el gobierno de Ricardo Martinelli lo rescató y lo convirtió en realidad. Si se hubiera construido a comienzos de este siglo, hoy probablemente contaríamos con una red mucho más extensa y su costo habría sido considerablemente menor.
La Ciudad de la Salud constituye otro ejemplo. Concebida e iniciada durante el gobierno de Martinelli, la obra enfrentó múltiples conflictos contractuales y sufrió una prolongada paralización durante la administración de Juan Carlos Varela. Finalmente fue concluida e inaugurada en enero de 2024 por el presidente Laurentino Cortizo y hoy presta servicios de alta complejidad y calidad que benefician diariamente a miles de panameños.
Los grandes proyectos públicos no deberían identificarse con un presidente o con un gobierno, sino con el país. Su continuidad debe responder al interés nacional y no a las diferencias políticas del momento. Cuando una administración detiene o abandona una obra únicamente porque fue concebida por su antecesora, los verdaderos perjudicados no son quienes la promovieron, sino los ciudadanos que esperan mejores servicios, mayor movilidad, mejor atención de salud y, en definitiva, una mejor calidad de vida. Esa es una lección que Panamá aún tiene pendiente aprender.
