La Constitución y sus reformas (I)

Comúnmente se repite que Panamá ha estado regida por cuatro constituciones y se las identifica por los años de su promulgación así: la fundacional de 1904 y las de 1941, 1946 y 1972.

Las constituciones, según un criterio tradicional deben nacer de asambleas constituyentes; pero de las nuestras solo dos lo fueron: las de 1904 y 1946; no así las de 1941 y la todavía denominada de 1972. La de 1904 fue expedida por la Convención Nacional Constituyente, convocada al efecto, para crear el marco jurídico básico que demandaba la recién nacida república; la de 1941, fue aprobada por la Asamblea Nacional mediante un ‘Acto Legislativo', posteriormente sometido a una consulta popular, de cuestionable legitimidad. La de 1946 fue el producto de nuestra segunda Asamblea Nacional Constituyente, convocada para ese propósito. La denominada de 1972, nació por decisión del régimen militar, mediante la creada Asamblea de Representantes de Corregimiento, supuestamente comisionada para aprobar ‘Reformas revolucionarias a la Constitución de 1946', pero que sobre la marcha se auto convirtió en ‘asamblea constituyente', asumió funciones de tal y aprobó la que desde entonces se conoce como la Constitución de 1972.

La originaria Constitución de 1904, con muy limitadas reformas rigió por 28 años; la de 1941, apenas por 4; la de 1946 por 22; y la denominada de 1972, por 11, cuando fue integralmente reformada por el Acto Constitucional de 1983, por el que, según dejó escrito nuestro insigne constitucionalista, don César A. Quintero, nació una nueva constitución. El Acto Constitucional de 1983, entre reformas y adiciones, modificó 136 artículos del texto original de 1972.

Es recomendable que todos los que insisten, con absoluta falta de veracidad y rigor jurídico, que nos rige una constitución militarista, lean y asimilen su enjundioso ensayo ‘Antecedentes y significado del Acto Constitucional de 1983', publicado en 1986, en el que, aparte de afirmar que este creó una nueva constitución, también señala que eliminó las disposiciones autocratizantes del estatuto de 1972.

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