Con paso firme hacia el abismo

Más de veinte días de protestas y huelgas nos han recordado el verdadero carácter del señor presidente. Su actual discurso incendiario, que llama a la confrontación e insulta a los movimientos de trabajadores, no se asemeja en nada al tono dulce y parsimonioso de sus palabras durante la toma de posesión en julio de 2024.

Hasta el momento, el gobierno no muestra ningún interés en resolver la crisis de la manera más conciliadora posible. Sus esfuerzos están orientados a dividir a la población y a los movimientos que protestan. Evidencia de lo anterior es la incongruencia de enviar ministros negociadores a Bocas del Toro, mientras se lanzan miles de bombas lacrimógenas al resto de los que están manifestándose diariamente.

Esta no es la única incongruencia del gobierno, al intentar mantener su posición intransigente. El propio Mulino declaró, sin ninguna vergüenza, que las reformas no afectan a los educadores. Sin embargo, el texto de la ley 462 establece que las pensiones de los trabajadores ahora dependerán del valor acumulado de sus aportes (cuotas), profundizando la mecánica de las cuentas individuales en el cálculo de las jubilaciones que se introdujo con la reforma de 2005, y obligando a los trabajadores a permanecer mucho más tiempo laborando, para no perder el poder adquisitivo de su salario a la hora de retirarse.

La estrategia del gobierno fue utilizar la mesa de escucha (donde Mulino y Dino Mon no escucharon nada) y las intervenciones de dirigentes en el primer debate del proyecto de ley, para hacer pasar como legítima una reforma que, en realidad, nos fuerza a pagar los platos rotos por las malas decisiones y la pésima administración del estado durante las últimas décadas.

Una reforma tan importante requiere que los trabajadores mismos, y no solo los financistas, participemos en su elaboración. En 2005, cuando se reformó la CSS, el gobierno tuvo que suspender por 90 días la ley que había sancionado, luego de un mes de protestas generalizadas. El escenario es el mismo, y hay varias salidas legítimas para calmar la crisis, pero todas ellas implican que el presidente escuche a los trabajadores, y no a su altanería.

Economista