Rumbo a sus 40 años de existencia, un examen retrospectivo para tratar de identificar cuáles han sido las aportaciones o, más concretamente, cuáles han sido los beneficios que nuestro país ha derivado de ser miembro del Palacen, habría que servirse de una superlativa imaginación para justificar el costo de nuestra membresía.
En el 2009, un gobierno anterior, después de denunciarlo como “una cueva de ladrones” tomó la decisión de desvincularnos del mamotreto en que ha degenerado. Pero quienes la anunciaron con bastante alharaca, tal vez por no haberse leído, como debieron haberlo hecho antes, su tratado constitutivo, no se percataron de que ese instrumento, en contra de las doctrinas y usos internacionales, es uno de los muy excepcionales casos que no contiene “cláusula de denuncia”, que es la que permite a “las partes contratantes” decidir seguir o no siendo “estados parte”, usualmente mediante la notificación a las otras partes, en un plazo preestablecido en los mismos tratados, generalmente de uno a dos años.
Un ejemplo reciente de la aplicación de la “cláusula de denuncia”, fue la decisión del gobierno venezolano de desvincularse de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando Panamá hizo el intento de separarse del Parlacen, tanto la Corte Centroamericana como nuestra Corte Suprema cortaron esa iniciativa señalando, precisamente, que el Tratado del Parlacen no contiene la “cláusula de denuncia”. Nuestra Corte Suprema por un fallo que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo mediante el cual se había tomado la decisión.
Ante esa realidad, si nuestras autoridades, aparte de seguir criticando la inoperancia, los costos y los privilegios de las curules automáticas para los expresidentes y ex vicepresidentes, en realidad tienen intenciones serias de hacer viable nuestro retiro del Parlacen, o de reformarlo para que sea útil, la solución es que, con prontitud y firmeza, emplacen a los gobiernos de los “Estados parte”, para que convengan en revisar el Tratado Constitutivo, para incluir, como debió haberse hecho desde el principio, “la cláusula de denuncia” que, de existir, empoderaría a todos los miembros para forzar su reestructuración, mediante la advertencia, que sin duda sería efectiva, de estar dispuestos a ejercerla.
