El Canal de Panamá y el Tratado de Neutralidad

El conflicto de intereses entre el grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal se puso al descubierto el pasado 30 de diciembre, cuando este consorcio hiciera oficial ante la ACP una nota de preaviso de suspensión de sus trabajos ante el supuesto incumplimiento de su obligaciones del contrato por parte de la ACP, dándole un plazo de 21 días para cumplir sus requerimientos que implicaría el pago de 1,600 millones de dólares por sobrecostos.

Sin embargo, la ACP ha rechazado cualquier tipo de presiones de dicho consorcio. Este conflicto de intereses elevaría el costo destinado a la ampliación del Canal de Panamá para la administración acuática, al punto de exponerla a la quiebra del proyecto.

En el 2009, el GUPC se adjudicó el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas por 3,118 millones de dólares, sin embargo, luego de 4 años este grupo empresarial afirma que es imposible hacer el proyecto con los costos pactados y culpa a la ACP por los atrasos en el vaciado de concreto, fase vital para permitir la durabilidad deseada de las esclusas, además de haber fallado en la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto.

Según el diario El País, de España, los problemas de Sacyr para llevar a cabo las obras de ampliación del Canal de Panamá por el presupuesto acordado no parecen haber sorprendido a los observadores en el sector. Desde el momento en que se adjudicó la construcción del tercer juego de esclusas, en el 2009, con una oferta que era inferior en más de 1.000 millones de dólares a la siguiente propuesta, hubo dudas sobre la posibilidad de llevar a buen término la obra en los plazos previstos. Los cables obtenidos por Wikileaks ya mostraban que los rivales en la puja y hasta el propio Gobierno panameño tenían dudas sobre el proyecto.

Ante este escándalo mundial nos preocupa como panameños que este conflicto pudiera ser objeto de interpretaciones del Tratado de Neutralidad permanente del Canal y funcionamiento del Canal de Panamá suscrito entre la República de Panamá y Estados Unidos, que en su artículo V encontramos la enmienda ‘que si el Canal fuera cerrado o se interfiriera en su funcionamiento, Panamá y Estados Unidos cada uno tendrá independientemente el derecho de tomar las medidas que cada uno considere necesarias de conformidad con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar en la República de Panamá, lo que se conoce como la Enmienda de Concini’.

* COMUNICADOR SOCIAL Y VOLUNTARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS