Blanqueo de capitales: Terrorismo judicial político

El blanqueo de capitales surge para combatir al narcotráfico, su esencia consistía y consiste en asestar golpes mortales a la gran capacidad de dinero que poseen los narcotraficantes, en ese contexto se le instituye como un delito grave y sui géneris en cuanto a que modifica la interpretación y aplicación de reglas esenciales que regían para todos los delitos. Así a la presunción de inocencia se le dio un valor relativo, o sea la culpabilidad se concibió como regla básica, y la creación y valoración de las pruebas adquirieron varias connotaciones al margen de las garantías constitucionales y hasta contrarios al derecho penal, todo ello admitido como indispensable para acabar con el negociado de las drogas y la violencia de los narcomafiosos. Era la época en la que generalmente se hablaba de ‘lavado de dinero’.

Pero hoy el blanqueo de capitales constituye una denominación muy genérica, una palabra que refiere un delito que incluye variedad de modalidades, la mayoría de las cuales poco o nada tienen que ver con el narcotráfico, unas porque tratan sobre asuntos de elusión fiscal, otras porque son medios para la lucha contra el terrorismo, pero a pesar de ello todo ese conjunto disímil, se le da un tratamiento como si fuera una misma cosa, es decir, como si todo fuera relacionado al narcotráfico, llegándose a desatinos e injustos irreparables.

Todos tenemos que respaldar cualquier esfuerzo contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada, o cualquier delito o ilegalidad, pero los delitos no se pueden combatir incurriéndose en nuevos delitos, o cometiendo actos ilegales o arbitrariedades so pretexto de combatir la delincuencia, pues la delincuencia no se combate con delincuencia, ni resquebrajando el Estado de derecho sobre la base de abusos y pisoteo de las garantías constitucionales y procesales.

El blanqueo de capitales está requiriendo de precisión técnica y legal, su naturaleza ambigua lo está convirtiendo en un instrumento de manipulación, donde se pueden instruir expedientes por arbitrariedad y desconocimiento de su verdadero significado, esto plantea peligro en un estado de derecho, pues de todos los delitos, es el delito que da facilidad para persecuciones, amenazas, chantajes en el uso irracional, incorrecto y abusivo de la investigación de los delitos y del poder político en cuanto a su injerencia en el sistema de justicia de un país, sobre todo cuando el mismo es deficiente, parcializado y sin credibilidad.

EL AUTOR ES ABOGADO